Proyecto de ley sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales, en relación con el lucro.

Autores:
Camilo Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Antonio Gómez Urrutia, Alejandro Navarro Brain, Fulvio Rossi Ciocca


De qué se trata el proyecto:
El proyecto de ley tiene por finalidad prohibir a las corporaciones sin fines de lucro establecidas conforme a la ley N° 20.370, Ley General de Educación (LEGE) sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación, y/o terceros relacionados y añade que esta prohibición será absoluta y su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial del Estado.


Discusión:
Según lo que se señala en la prensa del Senado, se continuó con la discusión general del proyecto sin embargo, se aplazó su votación para la próxima semana, a petición del comité de la UDI. C. Escalona (PS) señaló que este proyecto apunta al nudo de la movilización estudiantil que busca que se termine con la burla que se hace de la ley que prohíbe el lucro en el ámbito de las universidades. Insistió en que es a través de las denominadas sociedades espejo que se genera una rentabilidad artificial vulnerando la ley y cometiendo un delito económico. Manifestó que espera que ahora se logren construir las mayorías necesarias para poner término a esas prácticas. En tanto, el senador Larraín señaló que una iniciativa de esta envergadura necesita tener un tratamiento legislativo acorde y por tanto, es fundamental analizarlo y debatirlo exhaustivamente por los actores involucrados. Agregó que es partidario de que se haga cumplir la ley, pero que considera que esta iniciativa no está bien elaborada ni bien documentada, razón por la cual pidió aplazamiento de la votación. A su turno, J. Quintana (PPD) señaló que este proyecto no tiene mayores complejidades y ayuda al gobierno a cumplir la ley que prohíbe el lucro en las universidades. Dijo que desde el mes de mayo la Comisión de Educación ha recibido a los distintos actores involucrados en materia educacional, por lo que desestimó las críticas en torno al tratamiento legislativo. Del mismo modo, manifestó que en esa instancia ha primado la sensatez por lo que están dispuestos a atender las preocupaciones de los rectores de algunas universidades estatales. E. Von Baer (UDI) manifestó que el Senado tiene que asumir la responsabilidad de legislar considerando siempre el impacto que tienen las decisiones sobre el sistema educacional chileno, las familias, la docencia y la investigación. En tal sentido, dijo que considera una mala señal que no se haya escuchado la opinión de las instituciones respecto de este tema puntual. R. Lagos (PPD) insistió en que el proyecto vela porque se cumpla la ley que hoy prohíbe el lucro en las universidades chilenas. J. García (RN) hizo un llamado de atención a regular la materia pero no a eliminar estas relaciones contractuales, pues en su opinión ello impide que las universidades se desarrollen o presten servicios directo a la comunidad a través de hospitales o centros de atención de salud que estén a su cargo. A modo de ejemplo citó el caso de un hospital de Temuco que está a cargo de una universidad lo que ha traído grandes beneficios a la comunidad. Por su parte, A. Navarro (MAS) citó un estudio que señala que las cuatro entidades de educación superior que tienen mayores utilidades son privadas. Manifestó que este proyecto es acotado y no afectaría la investigación en algunas casas de estudios superiores, pues en las universidades tradicionales la investigación se financia con los aranceles de loe estudiantes. A. Espina (RN) también manifestó la necesidad de escuchar a la mayor cantidad de actores vinculados a la materia y dijo que está convencido de que quien lucró en una universidad cometió un delito y debe ser sancionado, pero hizo un llamado de atención a no estigmatizar a las universidades o los establecimientos de carácter privado. Finalmente, J. Orpis (UDI) señaló que el debate sobre esta materia no puede estar condicionado por algún tipo de eslogan porque si bien Chile ha avanzado en cobertura, existen temas pendientes. Asimismo insistió en que si un colegio tiene mala calidad no tiene que seguir impartiendo enseñanza, pues los sostenedores deben cumplir ciertos estándares mínimos.